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Deportación, policías, catalanes, españoles y la violación del Acuerdo de Schengen |
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miércoles, 19 de noviembre de 2008 |
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por Rubén Domínguez
Corresponsal en Nueva York
Editora Nieves Arcos: Catalunya pidió la “eliminación del visado policial” “Nunca me llamaron por mi nombre, siempre por el número 1444” “Consideramos del todo erróneo adjudicar a las autoridades catalanas y a la sociedad de Catalunya las responsabilidades de la política de extranjería del gobierno Estatal”, dijo en una carta dirigida a esta corresponsalía, Diego Arcos, presidente de “Casal Argenti a Barcelona” y coordinador titular de la CEACAT – Coordinadora d’Entidades Argentinas en Catalunya – en relación con la deportación del músico argentino, Leandro Pazos.Pazos, de 26 años de edad, fue deportado desde el aeropuerto de Barcelona el sábado 15 de noviembre último luego de permanecer 6 días encarcelado por orden de una magistrada de esa ciudad que lo sentenció a estar en la sombra por no tener una “carta de invitación” que el consulado español en Buenos Aires descartó como requerimiento ante dos consultas del músico antes de partir a la península.
La jueza, siempre se refirió a él como el “número 1444”, como si tratara de un prisionero en el campo de concentración Auschwitz-Birkenau de la Alemania Nazi.
* 7 puntos sobre la posición de Catalunya en el caso de Pazos
Lo ocurrido a Leandro Pazos, dijo Arcos, fueron “gravísimos sucesos” de “total injusticia y lesivos de sus derechos individuales y humanos” que “sólo pueden ser realizados por la absoluta impunidad de la Policía Nacional del Reino de España”.
Describió que “esta impunidad”, se “expresa en un edificio jurídico basado en la nefasta ley de Extranjería, una norma que garantiza con fuerza de ley la desigualdad entre personas, incluso aquellas que residen legalmente y cumplen escrupulosamente con sus obligaciones”.
La aplicación de la normativa, continuó Arcos, se realiza “en los puestos de frontera, mediante circulares policiales que obligan a cada agente a tomar la decisión de qué pasajeros ingresan o no y (quienes) son rechazados”.
En esta descripción de una realidad ajena a muchos en la Argentina y el resto del mundo, Arcos subrayó que “esta decisión la deben tomar los agentes de base sin tomar en cuenta ninguna documentación de ninguna índole”.
Aquí comienza a tener sentido la actitud tomada con el músico Pazos que iba a visitar amigos, colegas, llevaba su pasaje de regreso a Buenos Aires, iba a pasar por Francia para visitar otras personas, portaba unos 2.000 euros, tarjetas de crédito y el resto de la documentación pertinente, cuando fue interceptado por un agente policial de inmigración el 9 de noviembre último.
Leandro, porque Aerolíneas Argentinas no tenía un vuelo dentro de las próximas 72 horas desde su detención, fue trasladado a una cárcel común de Barcelona con delincuentes de distinta peligrosidad.
Un viaje de turismo que terminó en una odisea para él y sus padres, que en Buenos Aires, no tenían la menor idea de cómo iba a finalizar.
Ni los contactos en la Cancillería Argentina del padre de Leandro, José María Pazos – Gerente de Planificación y Proyectos Especiales de la Auditoría General de la Nación – fueron suficientes para hacer retroceder en su “desmedido abuso de poder” a las autoridades españolas, dijo telefónicamente a este corresponsal. Pazos, agregó que lo realizado a su hijo va a en contra del Acuerdo Schengen.
El Acuerdo Schengen – en vigor desde el 14 de junio de 1985 – fue suscripto por la mayoría de los países de la Unión Europea, por el cual Argentina, entre otros – como Andorra, Brasil, Burneo, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Israel, Malasia, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, San Marino, Singapore, Uruguay, Ciudad del Vaticano y Venezuela – no requieren de una visa Schengen para estadías menores a los 90 días.
Los signatarios del acuerdo fueron: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, los Países Bajos, Portugal, República Checa y Suecia.
Y en la página de la Embajada del Reino de los Países Bajos en Argentina se especifica claramente que: “Se recuerda que los ciudadanos Argentinos pueden viajar a todos estos países con su pasaporte nacional válido y no necesitan tramitar una visa, siempre que su estadía no sea superior a los 90 días”.
Con esto de por medio sería muy interesante saber cuáles son las artilugios legales esgrimidos para hacer pasar tan mala experiencia a un turista-músico-argentino y otros que permanecen “sin siquiera ver un juez”, dijo Leandro.
“Yo tuve suerte de haber sido llevado delante de un juez. Los que tienen vuelos (de las compañías con las que arribaron) que salen dentro de las 72 los tienen en una celda de 2x2 metros, como a mí, en el aeropuerto. Y nadie se entera”, agregó.
Aquí otro punto para la investigación de los Pazos y la futura demanda contra el gobierno español radica en que en los documentos del juzgado que les fueron entregados, no figura la presentación del amigo de Leandro para firmar el documento de “carta de invitación” o haciéndose responsable, como ciudadano español, de que su amigo retornaría a Argentina y así evitar estar en la cárcel.
Retomando la carta de Arcos, donde menciona que los agentes “no toman en cuenta documentación de ninguna índole”, él dijo que esto fue “ratificado” por el “director del servicio de fronteras en Cataluña, de la Policía Nacional, en presencia de los letrados del Casal Argentino de Barcelona en materia de Migraciones, la Dra. Mercedes Bensaken de Gurvit y el Dr. Oscar Bottaniz, con el asesoramiento de un abogado penalista, y en presencia del Delegado del Gobierno Central en Barcelona, Sr. (Joan) Rangel”.
* “Partícipe necesario”
Arcos remarcó que “esta impunidad” tiene “un cómplice partícipe necesario: el gobierno de la Sra. (Cristina) Fernández (de Kirchner), que hace dejación (cesión, desistimiento, abandono de bienes, acciones, etc.) de sus deberes de preservar la integridad y honra de los ciudadanos argentinos”.
Arcos aclaró que “para demostración solo aportaré un dato: el Sr. Embajador de Argentina ante España. El Sr. (Carlos) Bettini se ha negado a recibir a los representantes de la comunidad Argentina, nucleados en la Coordinadora de Entidades Argentinas del Estado español” pero “no así el Sr. Cónsul de Barcelona y demás autoridades consulares con las que mantenemos una buena relación de colaboración mutua”.
* Catalunya pidió “la eliminación del visado policial”
Arcos escribió además que “la competencia exclusiva de control de fronteras esta en manos del Gobierno estatal, es decir de Madrid”. Y para un lego en asuntos internos españoles, como la mayoría de quienes residen fuera de la península es bueno enterarse por Arcos que “la Policía Nacional y la Guardia Civil son las reparticiones policiales encargadas del control de fronteras” y que “nada, absolutamente nada tienen que ver en esta gestión las autoridades autonómicas catalanas”.
“La actitud oficial de la Generalitat de Catalunya, órgano Ejecutivo del gobierno autonómico, en materia de migraciones” explicó Arcos, “se expresa a través de la Secretaria para la Inmigración, en estos momentos a cargo del Sr. Oriol Amorós” que “ha reclamado oficialmente la reestructuración del sistema de control de fronteras” y “específicamente la eliminación del visado policial -- carta de invitación -- y su reemplazo por normativas basadas en el derecho internacional de gentes y de los convenios de reciprocidad”.
Y aquí hay que preguntarse: ¿En qué quedamos? Volvamos unos párrafos más arriba donde mencionamos que la Embajada del Reino de los Países Bajos en Argentina especifica claramente que: “Se recuerda que los ciudadanos Argentinos pueden viajar a todos estos países con su pasaporte nacional válido y no necesitan tramitar una visa, siempre que su estadía no sea superior a los 90 días”.
Leandro regresaba a Argentina en un mes, si lo hubiesen dejado. Eso significa 60 días antes del término legal estipulado.
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